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Tratamiento jurídico-penal de las conductas atentatorias contra la seguridad vial

I. Introducción

Con la LO 15/2007, de 30 de noviembre (RCL 2007, 2180), de Modificación del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RCL 1990, 578, 1653) (BOE nº 288 de 1 de diciembre de 2007), y en lo que aquí concierne, además de cambiarse la denominación de los delitos contra la seguridad del tráfico, pasándose ahora a denominarse «delitos contra la seguridad vial» para acomodarse a la terminología administrativa, hallamos modificaciones tanto en la Parte General, para dar mayor cobertura al denominado «permiso y licencia de conducción por puntos», como en la Parte Especial, modificándose algunas conductas típicas e incorporándose nuevas figuras delictivas, como la conducción careciendo de permiso o licencia y el quebrantamiento de condena o resolución administrativa, así como la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, que pasa a constituirse en un delito autónomo al suprimirse la referencia al delito de desobediencia en su primitiva redacción. Se define asimismo cuándo se reputa temeraria la conducción en supuestos de excesos de velocidad, estableciéndose asimismo una presunción de peligrosidad en la conducción en casos de ingesta de alcohol cuando las tasas superan las concentraciones que se disponen en el actual artículo 349.2 (RCL 1995, 3170#A.349) del Código Penal.
El contenido básico de dicha modificación persigue, de una parte, incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la vía de la expresa previsión de excesos de velocidad que se han de tener por peligrosos o de niveles de ingesta alcohólica que hayan de merecer la misma consideración. Y de otra, como veremos, las penas y consecuencias se han incrementado notablemente, en especial, en lo concerniente a la privación del permiso de conducir, que, para el caso de que la pena impuesta en sentencia sea superior a dos años, comportará siempre la pérdida de vigencia del mismo o licencia, y el condenado deberá volver a realizar las pruebas para su obtención.
Asimismo, se adiciona la posibilidad de decretar el comiso del vehículo a motor o ciclomotor al considerarse instrumento del delito, siendo otra novedad que a la alternativa de multa, se le añade siempre la de trabajos en beneficio de la comunidad.
Se ofrece una específica regla para salvar el concurso de normas cuando se hubiera ocasionado, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo. Extremos todo ellos que pasarán a ser analizados a continuación.

II. La nueva rúbrica del Capítulo IV, del Título XVII, del Libro II del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre: los delitos contra la seguridad vial

La primera modificación del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) sufrida por dicha Ley, como ya se ha dicho, la hallamos en la propia rúbrica del Capítulo IV, del Título XVII, del Libro II (RCL 1995, 3170#C.IV\TIT.XVII\LB.II) del Código Penal, antes regulador de «Los delitos contra la seguridad del tráfico», que actualmente pasan a denominarse «Los delitos contra la seguridad vial», a fin de unificar la terminología penal con la administrativa contemplada en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RCL 1990, 578, 1653) (en adelante LTSV).

III. La reforma afectante a la Parte General: la pena privativa del derecho a conducir y a la obtención del permiso (el artículo 47.1 y 47.3 del CP)

El anterior artículo 47 (RCL 1995, 3170#A.47) del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) se disponía en dos párrafos y ahora se ha introducido un tercero ex novo. El primero regula la pena privativa del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores que conlleva la inhabilitación al penado para ejercitar ambos derechos (conducir tanto vehículos a motor como ciclomotores), cuyo arco punitivo va de más de 1 año hasta 6 años en la infracción más gravemente penada. Dicha pena afecta tanto a quienes ya estaban autorizados con anterioridad a la condena, como a quienes, sin poseer aún la habilitación oficial para conducir, quieren obtenerlo durante el período de condena. En el primer caso (quienes ya disponían del permiso o licencia), al condenado no se le priva del permiso de conducir, pues éste, pese a su condena, seguirá poseyendo la autorización para hacerlo, únicamente se le priva de la posibilidad de utilizarlo durante el tiempo de condena. En el segundo caso (quienes no poseen la habilitación oficial para conducir y quieren obtenerla durante el período de condena), la pena impide al condenado la obtención de habilitación durante el tiempo de la condena, de ahí que podamos afirmar que, en este supuesto, dicha pena no sólo afecta al ejercicio, sino también a la obtención del derecho mismo.
Desde el día 2 de diciembre de 2007 en que entró en vigor dicha reforma, a dicho precepto se le adiciona un tercer párrafo, ex novo, a través del cual se añade un nuevo efecto a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, cual es la pérdida definitiva de los efectos del permiso, eso sí, sólo en los casos en que la pena impuesta privativa del derecho a conducir sea superior a dos años. Con ello, lo que se ha pretendido es obtener así la cancelación definitiva del permiso sobre la base tanto de la gravedad de la pena impuesta como por la pérdida de facultades y aptitudes en la conducción que comporta estar durante ese período sin conducir, debiendo así el condenado, tras el cumplimiento de la pena, someterse nuevamente a las pruebas para su obtención para conseguir así su reeducación.

IV. La reforma afectante a la Parte Especial. Conductas típicas

1. Los excesos de velocidad y la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes y psicotrópicos (el artículo 379.1 y 2 del CP)
Para comenzar con el análisis de dicho precepto, debemos señalar que es unánime la doctrina en el sentido de que nos hallamos ante un delito de peligro abstracto basado en la potencial actitud lesiva inherente a la conducta tipo que en él se describe, y cuya realización no depende de la verificación de un resultado concreto para la vida o integridad de las personas. Señala Muñoz Conde que el delito no exige la demostración de una puesta en peligro concreto, bastando tan sólo con la conducción en tales circunstancias. Sí debe existir, dado el bien jurídico (valor colectivo de la seguridad del tráfico, ahora seguridad vial, que constituye, a su vez, una dimensión o concreción de la genérica seguridad colectiva y un punto de referencia para conectar con los bienes individuales objeto de tutela que son la vida e integridad física de las personas cuya afectación constituye el resultado que se trata evitar mediante este tipo penal), una situación de riesgo abstracto o genérico para la circulación, aunque no se haya creado un peligro concreto para bienes individuales.
A partir de la reforma, el artículo 379 (RCL 1995, 3170#A.379) del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777), que se disponía en un único párrafo, pasa ahora a estar formado por dos, siendo el antiguo tenor del artículo 379 (RCL 1995, 3170#A.379) del CP el que conforma el segundo párrafo, que castiga las conductas de quienes van al volante bajo los efectos del alcohol o drogas, correspondiéndose el primero y nuevo párrafo el que regula y castiga los excesos de velocidad en los términos que en él se expresan, contemplado antes en el párrafo 2º del artículo 381 (RCL 1995, 3170#A.381) del CP.
En cuanto a la conducta descrita en el primer párrafo del art. 379 (RCL 1995, 3170#A.379) del CP cuando se conduce un vehículo de motor o ciclomotor a una velocidad excesiva, se castiga la conducción llevada a cabo con exceso de velocidad, entendiéndose por tal cuando se superan los límites de velocidad establecidos en el propio precepto: conducir sobrepasando la velocidad permitida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en interurbanas.
Por lo que atañe al segundo párrafo de dicho precepto, debemos señalar que en el Anteproyecto de reforma del Código Penal únicamente se refería a la tasa de alcohol en sangre, con exclusión de la medición por aire espirado, si bien, para equiparar dicho precepto a la normativa administrativa, se adicionó la referencia a la concentración por litro de aire espirado. Estamos ante un delito autónomo dentro de los delitos contra la seguridad vial, que, con independencia de los resultados lesivos, sanciona, entre otros supuestos, esa conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, requiriéndose no sólo la presencia de determinada concentración alcohólica, sino que la ingesta haya producido un efecto negativo en el conductor con lesión del bien jurídico protegido.
Reseñable es también la alusión que se hace en el precepto en su apartado 2, segundo párrafo, cuando esa conducción bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o alcohol se lleva a cabo con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, formulándose al parecer una presunción iuris et de iure de influencia del alcohol o una presunción de peligrosidad conectada con el primer párrafo. Con ello, y dado que en el primer inciso de apartado segundo de dicho precepto la punibilidad no descansa en una determinada tasa de alcohol en sangre o aire espirado, salvo excepciones, basta con demostrar una merma de facultades y/o capacidades físico-psíquicas del conductor como consecuencia de la ingesta; con el segundo inciso, las cifras señaladas expresan en todo caso una merma en la capacidad de conducir, previéndose así el tipo penal articulado sobre concretas tasas de impregnación alcohólica, sin que ello implique que las conducciones bajo los efectos del alcohol por debajo de esos 0,60 miligramos por litro o 1,2 gramos por litro en sangre sean atípicas, sino que, con la reforma, lo que se ha pretendido es que la conducción bajo los efectos de las sustancias que allí se enumeran se desdoble en dos tipos penales: el tradicional delito de peligro potencial de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas [artículo 379.1 (RCL 1995, 3170#A.379)], y el novedoso de conducir por encima de esas tasas (artículo 379.2 del CP).
Por último, en cuanto a la penalidad, la conducta descrita en los dos párrafos de dicho precepto lleva aparejada la misma pena de prisión de tres a seis meses, y su alternativa de multa de seis a doce meses, y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años, no sufriendo modificación alguna respecto a la señalada en el antiguo 379 (RCL 1995, 3170#A.379), a excepción de que actualmente dicha condena lleva aparejada siempre la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, al haberse eliminado de su anterior redacción la expresión «en su caso».

2. El delito de conducción temeraria (artículo 380.1 y 2 del CP)
El actual artículo 380 (RCL 1995, 3170#A.380) del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) (dispuesto en dos párrafos) se corresponde con el antiguo artículo 381 (RCL 1995, 3170#A.381) de mismo texto punitivo, manteniéndose su redacción y las penas a imponer.
La conducción temeraria es, en principio, un ilícito administrativo que el art. 65.5.2.c) (RCL 1990, 578#A.65) de la LTSV (RCL 1990, 578, 1653) tipifica como infracción muy grave. No obstante, cuando la temeridad es manifiesta, es decir, patente, clara y con ella se pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, ese ilícito se convierte en penal y da lugar al delito previsto en el actual artículo 380 (RCL 1995, 3170#A.380) del CP.
Dicho precepto requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) La conducción de un vehículo a motor o de un ciclomotor con temeridad manifiesta. El término temeridad constituye un concepto jurídico indeterminado sometido a la valoración judicial, y supone la conducción prescindiendo de las más elementales normas que regulan el tráfico, de modo que el número de probabilidades de que se produzca un resultado lesivo es elevado, según Luzón Cuesta. La temeridad de tal conducción ha de resultar manifiesta, o sea, apreciable, patente y notoria, esto es, evidente o apreciable, en relación con las reglas que regulan la circulación (velocidad, maniobras de circulación, señales de tráfico, etc.) por cualquier observador.
Como vemos, la nueva redacción del art. 65 (RCL 1990, 578#A.90) de la Ley 17/2005, de 19 de julio (RCL 2005, 1527) (permiso y licencia de conducción por puntos), ha introducido el adverbio «manifiestamente» en relación con el carácter temerario de la conducción, cuando de infracción muy grave se trate, de modo que, en principio, el concepto de conducción manifiestamente temeraria es presupuesto coincidente en la vía sancionadora administrativa y en la penal.
Asimismo, el apartado segundo, por remisión al precepto anterior, nos facilita la definición de cuándo la conducción se reputa temeraria, al tratar la circulación con excesos de velocidad y con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Con ello, podemos afirmar que son dos las circunstancias que cualifican tal temeridad: el elevado nivel de ingesta etílica y de la influencia del mismo en la conducción, a lo que debemos aunarle la elevada velocidad con que se circula, que debe ser claramente desproporcionada para las circunstancias del lugar y la vía, estableciéndose así una presunción iuris et de iure en relación con la concurrencia de los dos elementos típicos esenciales del delito descrito en el párrafo primero (temeridad manifiesta y resultado de peligro) cuando concurre la conducción con altas tasas de alcohol y el exceso desproporcionado de velocidad respecto de los límites establecidos.
b) Que con tal modo de conducir se ponga en peligro concreto la vida o la integridad de las personas, requiriendo la efectiva creación de una situación de riesgo como consecuencia de la realización de la conducta, referido a bienes jurídicos individuales (vida e integridad física), esto es, personas que se encuentren en la zona por donde se produzca la conducción, bien como conductores de otros vehículos o como peatones, por lo que no se refiere a una persona concreta y determinada, sino a los usuarios de la vía pública. Aquí la simple conducción temeraria –que de por sí entraña una conducción peligrosa– no es suficiente para completar el tipo, es necesario que la acción peligrosa se materialice en un resultado de peligro concreto.
En cuanto al tipo subjetivo, este delito únicamente contempla su comisión dolosa, al no hallarse en precepto alguno la incriminación imprudente (artículo 12 (RCL 1995, 3170#A.12) CP), ya que el dolo del autor debe abarcar los dos elementos del tipo: el modo de conducir y el resultado de peligro.

3. La conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás: la conducta del conductor suicida (artículo 381 del CP)
En el anterior artículo 381 (RCL 1995, 3170#A.381) del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) se castigaba la conducción temeraria; ahora, dicho precepto está conformado por tres párrafos, de los cuales, los dos primeros se corresponden con el anterior artículo 384 (RCL 1995, 3170#A.384) del CP (conducción temeraria cualificada por el consciente desprecio hacia la vida de los demás), y el tercero con el antiguo artículo 385 (RCL 1985, 1578#A.385) del mismo texto punitivo (cuando el vehículo es considerado instrumento del delito). Así, los dos primeros párrafos del actual artículo 381 (RCL 1995, 3170#A.381) del CP regulan y castigan las conductas de los llamados «conductores suicidas», esto es, los que, mediando apuesta, circulan por una autopista o autovía a gran velocidad y en el sentido contrario al debido, comprometiéndose a continuar la marcha aunque viesen venir a otros de frente que circulan correctamente. Así:
a) En el primer párrafo se contempla la conducta cuando se pone en manifiesto peligro la vida de los demás; en él se ha sustituido «con consciente desprecio por la vida de los demás» por «con manifiesto desprecio por la vida de los demás». Este supuesto vendría a ser el tipo agravado del siguiente párrafo y requiere que se haya llegado a producir la concreción del riesgo, configurándose a través de dos elementos típicos: el objetivo, constituido por la conducción temeraria descrita en el actual artículo 380 (RCL 1995, 3170#A.380) del CP, que requiere, además, la creación de un peligro concreto para la vida o integridad de la personas, y el subjetivo, constituido por el manifiesto desprecio por la vida de los demás (factor de agravación de la pena), requiriéndose, en todo caso, la concurrencia de un elemento específico del injusto consistente en ese «manifiesto desprecio», esto es, con claro y patente desprecio, que es lo que constituye un mayor contenido de la antijuridicidad. Se exige que, como mínimo, el sujeto obre con dolo eventual no sólo respecto a la situación de peligro creada, sino también al resultado lesivo que pueda derivarse de la misma, esto es, que el autor, aun no queriendo directamente dicho resultado, lo asuma como altamente probable.
A diferencia de lo que sucede con el delito de conducción temeraria previsto en el actual artículo 380 (RCL 1995, 3170#A.380), ya no es suficiente en el tipo subjetivo un dolo de peligro referido a la acción peligrosa en sí, sino que es preciso un elemento subjetivo específico del injusto constituido por el manifiesto desprecio por la vida de los demás, lo que, además, impide que el resultado lesivo pueda imputarse a título de imprudencia, pues el mismo también viene abarcado por el dolo eventual, de ahí que ese manifiesto desprecio por la vida de los demás sea un elemento que, añadido a un alto grado de probabilidad o de conformidad con el resultado, decida por la calificación de dolo respecto del peligro y del resultado y no por la simple imprudencia.
En cuanto a la penalidad, reseñar que se han endurecido las penas, pasando la pena privativa de libertad cuando se pone en manifiesto peligro la vida o la integridad de uno a cuatro años a la actual pena de prisión de dos a cinco años, doblándose la pena de multa, que antes iba de seis a doce meses y en la actualidad abarca de doce a veinticuatro, manteniéndose, eso sí, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis a diez años.
b) En cuanto a la conducta descrita en el segundo párrafo, caso de no ponerse en peligro concreto la vida o la integridad de las personas, basta aquí un potencial o abstracto riesgo. Aquí, el tipo objetivo está constituido por dos elementos, uno referido, al igual que el anterior párrafo, a esa conducción temeraria, y otro consistente en que no se haya puesto en peligro la vida o la integridad de las personas. El tipo subjetivo, al igual que en el anterior apartado, está constituido por el dolo, que debe abarcar la conducta de conducir de forma temeraria y con manifiesto desprecio por la vida de los demás.
Aquí se mantiene la duración de la pena de prisión de uno a dos años, manteniéndose tanto la pena de multa como la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores del anterior art. 384 (RCL 1995, 3170#A.384) (multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir de seis a diez años).
c) Por último, el tercer párrafo del actual precepto [anterior artículo 385 (RCL 1995, 3170#A.385) del CP] a efectos de comiso, considera el vehículo a motor o del ciclomotor como instrumento de la comisión del delito, lo que supone su pérdida en cuanto consecuencia accesoria de la pena según lo dispuesto en el artículo 127 (RCL 1995, 3170#A.127) del CP.

4. Reglas concursales (artículo 382 del CP)
Se regula una cláusula concursal aplicable en aquellos supuestos en que, a raíz de la comisión de cualquiera de las conductas descritas en los preceptos a que se remite (conducir a velocidad superior en 60 km/h en vía urbana, o en 80 km/h en interurbana, conducir bajo influencia del alcohol o sustancias psicotrópicas o estupefacientes, conducir con tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, conducir con temeridad manifiesta y conducir con manifiesto desprecio por la vida de los demás), se ocasiona un resultado lesivo constitutivo de delito, más allá del riesgo prevenido, descartándose los supuestos en los que el resultado lesivo es constitutivo de falta.
Antes, el concurso de infracciones comportaba que el delito castigado con mayor penalidad absorbía a los sancionados más levemente; sin embargo, ahora el delito más gravemente penado consume al del menor sanción, si bien la pena del más grave debe ser aplicada en su mitad superior, exasperándose así la pena a imponer. Se abandona con ello la decisión del legislador de considerarlo como un supuesto de concurso de normas, pasando así a apreciarse la existencia de un concurso ideal de delitos, que ya se había postulado por la mayoría de la doctrina en cuanto al anterior artículo 383 (RCL 1995, 3170#A.383) del CP.
Asimismo, se contempla la obligada imposición del resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado como consecuencia de ese resultado lesivo exigido en dicho precepto, constitutivo de delito, como hemos expuesto anteriormente. Finalmente, queda suprimida toda referencia a la exclusión de las reglas de determinación de las penas contenidas en el artículo 66 (RCL 1995, 3170#A.66) del CP.

5. El delito autónomo de negativa al sometimiento a pruebas de alcoholemia (artículo 383 del CP)
Dicho delito se corresponde con el antiguo artículo 380 (RCL 1995, 3170#A.380) del CP, en el que se castigaba la negativa al sometimiento a pruebas de alcoholemia, suprimiéndose ahora la remisión que antes se hacía del delito de desobediencia grave del artículo 556 (RCL 1995, 3170#A.556) del CP, para ahora constituirse en un delito autónomo en el que, pese a que la conducta sea la misma, para la aplicación de la pena ya no se debe acudir al artículo 556 (RCL 1995, 3170#A.556) del CP, sino que la misma se ha fijado de forma autónoma, lo que hace que no dejemos de estar ante una forma específica de desobediencia que afecta al orden público, pero sí le otorga cierta sustantividad y autonomía, que impide una traslación automática de requisitos de un tipo a otro. Dicha reforma obedece a que el legislador ha resuelto sancionar penalmente estos comportamientos de forma específica, porque ha entendido que ello contribuiría de manera mediata a procurar una mayor seguridad en el tráfico, facilitando la investigación de posibles comportamientos consistentes en conducir vehículos a motor o ciclomotores bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias nocivas.
Por otro lado, hay que destacar que se ha mantenido la misma pena privativa de libertad (prisión de seis meses a un año), si bien ahora se contempla la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, siendo ésta la novedad introducida por la LO 15/2007, de 30 de noviembre (RCL 2007, 2180).
Con el nuevo artículo 383 (RCL 1995, 3170#A.383) del CP podemos afirmar la compatibilidad del castigo simultáneo por las previsiones de los actuales artículos 379.2 (RCL 1995, 3170#A.379) y 383 (RCL 1995, 3170#A.383) del CP. No existe concurso de leyes entre el art. 379 y el art. 380 (RCL 1995, 3170#A.380), y puede añadirse también el art. 381 (RCL 1995, 3170#A.381). Tampoco puede apreciarse progresión delictiva entre las conductas tipificadas en ambos preceptos, distintas e independientes. La comparación del artículo 380 (RCL 1995, 3170#A.380)CP 1995 con el artículo 379 (RCL 1995, 3170#A.379)CP 1995 ignora la entrada en juego en el artículo 380 CP 95 de un nuevo bien jurídico, el propio de los delitos de desobediencia, que no queda comprendido o consumido, cuando menos no totalmente, en la protección de la seguridad del tráfico que procura la interdicción de la conducción bajo la influencia del alcohol o de las drogas del artículo 379 (RCL 1995, 3170#A.379) CP 1995. Por ello, el legislador ha elevado a la categoría de delito autónomo la negativa a someterse a la práctica de las pruebas legalmente previstas para la comprobación de los hechos descritos en el artículo 379 CP 1995, con lo que, si además de aquella negativa se aprecian en el sujeto síntomas evidentes de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se incurrirá en dos infracciones distintas motivadas por dos conductas igualmente diferentes, que no pueden quedar ni comprendidas ni absorbidas la una por la otra, sino que serán penadas de modo independiente.

6. La conducción careciendo de permiso o licencia y el quebrantamiento de condena o resolución administrativa (artículo 384 del CP)
Este es un precepto ex novo, a tenor del cual se castiga la conducción careciendo, bien de permiso para conducir vehículos a motor, bien de licencia para conducir ciclomotores. Se distinguen dos párrafos: en el primero se regula la conducta propia de conducir en casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por haber perdido los puntos asignados legalmente, dándose así consistencia al «permiso por puntos», conducta que lleva aparejada una pena privativa de libertad que va de tres a seis meses o la alternativa de multa de doce a veinticuatro meses, y en todo caso trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días; y, en su segundo párrafo, se contempla el que conduzca tanto en el supuesto de que haya sido privado de forma cautelar o definitivamente del permiso o licencia por resolución judicial, como en el supuesto de que no lo haya obtenido nunca, castigándose tales conductas con las mismas penas dispuestas en el párrafo que le precede, apartado que entró en vigor el día 1 de mayo de 2008.
Este nuevo precepto se refiere al quebrantamiento de condena y al de resolución administrativa, que antes no estaba contemplada como delito, si bien, como vemos, se sanciona como si fuera un puro delito de quebrantamiento, sin exigirse aquí una conducción peligrosa. Se equipara el quebrantamiento de una resolución administrativa al de una resolución judicial, siendo ello de gran trascendencia, habida cuenta de que, si bien antes de la reforma podíamos acudir al artículo 468 (RCL 1995, 3170#A.468) del Código Penal (quebrantamiento de condena), ello sólo era aplicable cuando lo que se quebrantaba era una resolución judicial, que no administrativa.

7. Otras conductas originadoras de un grave riesgo para la circulación (artículo 385)
El tenor de dicho precepto se corresponde al antiguo artículo 382 (RCL 1995, 3170#A.382) del CP, regulador de conductas que originan un grave riesgo para la circulación, en el que se describen dos conductas: una activa, «colocando en la vía obstáculos (…)»; y otra omisiva, «no restableciendo la seguridad de la vía (…)». Estamos ante un delito de peligro abstracto o hipotético, pero no basta con la mera realización de la conducta típica, sino que se exige que de ella se derive un grave riesgo para la circulación, sin concreción alguna de ese riesgo, bastando, por tanto, que las conductas tengan entidad suficiente para suponer ese potencial riesgo para la vida e integridad de las personas.
En lo que atañe al primer ordinal, en el que se comete el delito mediante una acción, además de que se ha suprimido la referencia «alterando la seguridad del tráfico», que devenía superflua por constituir una innecesaria repetición del enunciado, se indica que la misma puede ser cuando, de forma dolosa, se coloquen en la vía impedimentos físicos o materiales de cualquier clase o especie que puedan sorprender a los usuarios de ella y supongan un riesgo grave para la circulación rodada («obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio »). Cláusula que el legislador, como ya hizo en el anterior artículo 382 (RCL 1995, 3170#A.382) del CP, deja abierta, a fin de que en ella se puedan incluir otros comportamientos que alteren la seguridad del tráfico de forma general, como señala Muñoz Conde, si bien parece ser que no se han incluido aquí la destrucción, sustracción, daño o inutilización de aparatos de control de velocidad. Se pueden incardinar aquí conductas como la de arrojar piedras sobre la vía pública, tirar piedras sobre otros vehículos, etc.
En cuanto a la conducta omisiva contemplada en el nº 2 del actual 385 (RCL 1995, 3170#A.385) del CP, consiste en el incumplimiento de la obligación de restablecer la seguridad de la vía cuando ésta se haya alterado. Se trata de un delito de comisión por omisión sobre el deber jurídico de restablecer la seguridad para la circulación. Vemos, por tanto, que, con la modificación operada con la LO 15/2007 (RCL 2007, 2180), además de retocarse la antigua redacción, se añade a la alternativa de multa, ya prevista, la de trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, manteniéndose la misma duración de la pena privativa de libertad (seis meses a dos años) y la de la multa (de doce a veinticuatro meses).