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Resumen: Entre las innovaciones del proceso laboral que propicia la Ley 13/2009, de 3 de noviembre –y como una manifestación más de la redistribución de competencias entre Jueces y Secretarios judiciales característica de la reforma procesal de 2009– destaca la modificación de la conciliación apud judicem (art. 84 LPL, y aunque de manera más ligera, arts. 82, 85, 101 y 148 LPL).
La reforma se apoya en el art. 456.3 c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado en su día por LO 19/2003, de 23 de diciembre, para establecer, precisamente, que «los Secretarios judiciales cuando así lo prevean las leyes procesales tendrán competencias en las (...) conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia». De acuerdo con ello, la principal novedad es la sustitución del Juez por el Secretario judicial en la tarea de intentar la avenencia entre las partes en los momentos inmediatamente anteriores al inicio del juicio, de forma que si las partes alcanzan la avenencia, el Secretario judicial la aprueba mediante decreto y puede llevarse a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias, y, en caso contrario, se pasa a juicio.

Palabras clave: Reforma procesal, conciliación, Avenencia, Secretario judicial

Abstract: Among the innovations in labour proceedings brought about by Law 13/2009 of 3rd November –and as a new demonstration of the redistribution of competences between Judges and Judicial Secretaries which is characteristic of the procedural reform of 2009– stands out the changes in conciliation apud judicem (art. 84 LPL, and albeit to a lesser degree, arts. 82, 85, 101 and 148 LPL).
The reform is based on art. 456.3 c) of the Judicial Power Act, amended in its day by LO 19/2003 of 23 December, to establish that «Judicial secretaries, when procedural laws so envisage it, will have competences in (...) conciliations, conducting the mediation actions which correspond to them». According to this, the main innovation is the replacement of the Judge by the Judicial secretary in the task of procuring an agreement between the parties in the moments immediately preceding the beginning of trial. Thus, if the parties reach an agreement, the Judicial secretary approves it by decree and it may be effected by the formalities of sentence execution; if they do not, it goes on to trial.