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Se deniega el derecho a deducir el IVA soportado en un supuesto de cadenas de fraude, en el que el administrador de la sociedad había sido absuelto de delito fiscal, por quedar acreditado que no existía connivencia con las empresas defraudadoras. A nuestro juicio, en estas circunstancias debe aceptarse la deducción, salvo que la Hacienda pública pruebe que la operación no se ha realizado, ya que el Código Civil presume la existencia y licitud de la causa, y por tanto no puede presumirse que las operaciones no se han realizado. Véase el comentario de Esaú Alarcón en la sección de análisis de doctrina administrativa de este mismo número.