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La jurisprudencia comunitaria viene afirmando que la utilización de las normas nacionales sobre precios de transferencia, incluso si dichas normas sólo se aplican cuando las personas y entidades vinculadas están situadas en Estados distintos, y no a las operaciones domésticas, no supone vulneración alguna del Tratado. En este sentido, por ejemplo, la STJ de 17 de enero de 2008 (C-105/07, Lammers & Van Cleef) afirma que el valor de mercado constituye un elemento objetivo y verificable por terceros para determinar si la transacción en cuestión constituye un montaje puramente artificial cuyo objetivo esencial sea eludir la aplicación de la legislación tributaria.
La sentencia reproducida a continuación, referida a la normativa belga sobre operaciones vinculadas, traslada el mismo criterio a los supuestos en que no se trata de un montaje puramente artificial. En estos casos, la aplicación a las operaciones con otros Estados miembros de ajustes que no se aplican en las operaciones internas supone en principio una restricción a la libertad de establecimiento, y a la libre circulación circulación de capitales (cuando la vinculación no está ligada a una participación significativa, sino a otras circunstancias). Sin embargo tal restricción debe entenderse justificada por la necesidad de asegurar un justo reparto de la recaudación y de evitar la alusión fiscal, siempre que, por un lado, se permita a los interesados demostrar que existen razones comerciales que justifican los términos en que se ha llevado a cabo la operación, y que, por otro lado, los ajustes se limiten a la diferencia o “exceso” respecto del valor de mercado.